Funciones y requisitos del Director de Seguridad habilitado y las Infraestructuras Críticas

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Requisitos generales

Los directores de seguridad deberán reunir los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
  3. Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones.
  4. Estar en posesión de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior.
  5. Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
  6. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada.
  7. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
  8. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
  9. Superar, en su caso, las pruebas establecidas reglamentariamente por el Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar servicios en España, siempre que, previa comprobación por el Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes requisitos:

  1. Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad privada en el mismo.
  2. Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalentes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones de seguridad privada, para lo cual deberán estar en posesión de los siguientes documentos:
  1. En los casos en que el Estado de origen regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el certificado de competencia o título de formación que las acredite como tal. Dicho certificado o título deberá reunir los siguientes requisitos:
  • Haber sido expedido por una autoridad competente de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado.
  • Acreditar un nivel de cualificación profesional equivalente, como mínimo, al nivel inmediatamente anterior al exigido en España, mediante el certificado previsto en el artículo 19.2 del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, para todas las profesiones de seguridad privada, excepto detectives privados.
  • Acreditar la preparación del titular para el ejercicio de la profesión correspondiente.
  1. En los casos en que el Estado de origen no regule las diferentes profesiones de seguridad privada, el documento expedido por la autoridad competente, acreditativo de haber ejercido la profesión de que se trate en ese o en otro Estado de la Unión Europea, durante al menos dos años a tiempo completo, en el curso de los diez años inmediatamente anteriores al momento de la presentación de la solicitud, siempre que esté en posesión de uno o varios certificados de competencia o de uno o varios títulos de formación.
    En todo caso, los dos años de experiencia aludidos no podrán exigirse cuando la persona solicitante acredite una cualificación profesional adquirida a través de la superación de una formación regulada de las definidas en el artículo 4.5 del Real Decreto 5812017, de 9 de junio, y que corresponda a los niveles de cualificación señalados anteriormente.
  1. Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
  2. Los previstos en las letras a), e), f), g), h) e i) del primer apartado.

La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades de seguridad privada en España de los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas compensatorias previstas en el artículo 5 de la Orden INT/2850/2011, de 11 de octubre, por la que se regula el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.

La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la extinción de la habilitación y la cancelación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.
La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias. Las pruebas podrán consistir en las siguientes modalidades:
  1. Ser declarado apto en las pruebas específicas que se convoquen por el Ministerio del Interior a tal efecto.
  2. Acreditar haber realizado un curso de actualización en materia normativa de seguridad privada, con una duración, como mínimo, de cuarenta horas lectivas, impartido por un centro de formación autorizado, bien en modalidad presencial o a distancia.

Funciones

En relación con la empresa o entidad en la que presten sus servicios, corresponde a los directores de seguridad el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
  2. La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las personas y al patrimonio.
  3. La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantación de las medidas conducentes a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas, mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
  4. El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
  5. La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
  6. La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada contratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
  7. La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
  8. La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en relación con el cumplimiento normativo sobre gestión de todo tipo de riesgos.
  9. Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.

 

Julian Flores Garcia
Director de seguridad,Segurpricat Siseguridad

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Julian Flores Garcia
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El Director de Seguridad y las Infraestructuras Críticas (I)

 

El Director de Seguridad y las Infraestructuras Críticas (I)


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El día 28 de abril fue promulgada la Ley 8/2011, por la que se establecían medidas para la protección de las infraestructuras críticas, y el día 20 de mayo, menos de un mes después, el Real Decreto 704/2011, aprobaba su Reglamento.
He oído determinadas críticas a ambas normas, entre ellas la de precipitación en su elaboración y desarrollo, incitada por dos emergencias muy graves, los terremotos de Japón y de Lorca, el primero acaecido el 11 de marzo y el segundo el 11 de mayo, pero evidentemente eso no deja de ser una opinión, dado que durante el año 2010 ya se encontraban en trámite parlamentarios los dos textos legales.
¡Qué se podía haber llegado más lejos!, desde luego. ¡Qué deberían haber sido más concretos los supuestos y aspectos del articulado!, también desde luego, pero que ante la necesidad, ya sentida desde el año 2001, era preferible disponer de una base legal, porque mejor es tener algo que nada, y con la experiencia puede mejorarse. Además en el mismo preámbulo de la Ley se hace constar algunas medidas que se han ido tomando a lo largo de los años, como la incardinación de la protección de las infraestructuras críticas en el Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis; la aprobación de un Plan Nacional de Protección; la elaboración de un Catálogo y el Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la materia de 2 de noviembre de 2007. Por su parte la Unión Europea, verdadera impulsora de la protección de las infraestructuras críticas entre los estados miembros, ha dictado programas y promulgado directivas, para acelerar la puesta a punto de las medidas de protección en todo el territorio de la Unión.
Se le podría achacar a la Ley y de hecho al final de su preámbulo así se declara, que tiene más de reglamento que de ley, por lo que el reglamento, aprobado por Real Decreto, tiene necesariamente que recurrir a artículos casi literales de la primera, completando aclarando algunas cuestiones.
Mucho se podría hablar de la legislación aprobada, de su posterior desarrollo en órdenes ministeriales e instrucciones, y del planeamiento y ejecución en las concretas infraestructuras críticas (IC), de tal forma que sería necesario una profundización por parte de los responsables, a distintos niveles, de su protección, encontrándose en estos momentos la consultora Belt Ibérica, S.A., en conjunción con la Universidad Camilo José Cela ultimando unos módulos formativos, complementarios de las enseñanzas recibidas para la obtención del título de Director de Seguridad homologado por el Ministerio del Interior.
En los artículos 13, 16 y 17, se trata del Responsable de Seguridad y Enlace con la Administración y del Delegado de Seguridad en cada Operador Crítico, versus empresa o institución que tenga a su cargo alguna o algunas de las infraestructuras declaradas críticas. La Ley, tal como indica su preámbulo es“eminentemente organizativo (su contenido material), especialmente en la composición, competencia y funcionamiento de los órganos que integran el Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas”, por lo que no es de extrañar que recoja la organización en los llamados “Operadores Críticos”, pero sorprende que llegue hasta el extremo de especificar que el Responsable de Seguridad y Enlace “deberá contar con la habilitación de Director de Seguridad expedida por el Ministerio del Interior según lo previsto en la normativa de seguridad privada …” ¿Cuál ha podido ser la intención del legislador?
Creo que no podemos menos que felicitarnos por ello, siendo consecuencia del “buen hacer” y de la “eficacia demostrada” por los directores de seguridad en la protección de instalaciones y actividades, de tal forma que más del ochenta por ciento del peso de la seguridad en el territorio español recae sobre ellos. Además la continua interacción entre la seguridad privada y la estatal y pública, ha permitido el establecimiento de lenguajes y procedimientos conjuntos que han posibilitado un gran nivel de coordinación. Podemos poner como ejemplos los planes de autoprotección (director de seguridad) y su encaje con los servicios de emergencias y con la protección civil (seguridad pública), o los de seguridad física (director de seguridad) con las fuerzas y cuerpos de seguridad (del Estado, CC.AA. y Locales).
Todo lo anterior ha llevado a la Secretario de Estado de Seguridad, gestora embrionaria de todo el proceso legal, a proponer explícitamente a los directores de seguridad privada, para tan alto cometido y responsabilidad.
Una reflexión más debe efectuarse con respecto al tema y que fija la importancia que se le asigna a estos directores de seguridad en los operadores críticos, y es que en el preámbulo de la Ley se habla de “ataques deliberados de todo tipo”, aclarando entre paréntesis “tanto de carácter físico como cibernético”, campo este último casi vetado por las empresas e instituciones a los directores de seguridad, que han preferido designar para ello un responsable de seguridad de los sistemas de información, al margen de la seguridad privada.
Este aspecto novedoso de la Ley es necesario resaltarlo, muestra de que la Administración, principalmente el Ministerio del Interior, a través de todo el Sistema de Protección de las Infraestructuras Críticas”, quiere tener un interlocutor que hable “su mismo idioma”, que transforme las órdenes e indicaciones operativas del Sistema, en instrucciones concretas para cada operador crítico, siendo los técnicos de los sistemas de información, los que transformen esas instrucciones en requerimientos técnicos de las redes informáticas y no a la inversa, como desgraciadamente se da en algunos casos hoy en día.
Por no cansar al lector, en próximas columnas se tratara el papel del Delegado de Seguridad y del Responsable de Seguridad y Enlace, de acuerdo a lo que se especifica en el Reglamento.
(Continuará…)

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Suplemento Temático: Protección Infraestructuras Críticas
Fuente: Belt Ibérica

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