Estás interesado en ser ‪#‎PoliciaNacional‬ ‪#‎CNP y la guardia civil ‬ Se convocarán este año 2019 una nueva oposición para cubrir 100% de las vacantes

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Diario del Congreso de Diputados Comisión de Interior Modificación Ley Seguridad Privada del año 2012 Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000581). . .

BOE numero 146 17/06/2009 Equivalencias con los titulos de Graduado Educación Secundaria y Bachiller http://siseguridad.es/index.php/quienes-somos/colaboradores

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Los datos de esta encuesta revelan los siguientes resultados: Prevalencia del consumo de drogas y comparación con la población general: Los datos demuestran un consumo elevado de todas las drogas entre la población reclusa 12 meses antes de su ingreso en prisión.

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•La ley de seguridad privada ha salido adelante en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

CONGRESO Aprobada la Ley de Seguridad Privada que da más autoridad a los vigilantes

Agentes privados vigilarán el exterior de las cárceles y podrán detener en la calle

La ley ha salido adelante en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados

La respaldan PP, CiU y PNV, mientras que PSOE la Izquierda Plural y UPyD se oponen

PSOE: ‘Rompe con la concepción de la seguridad ciudadana que ampara la Constitución’

La Izquierda Plural rechaza que se otorgue más ‘autoridad’ a los vigilantes privados

Para UPyD, el Estado ‘se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria’

Cuando la ley entre en vigor, agentes privados podrán patrullar las calles. ATLAS

MARISOL HERNÁNDEZ Madrid
Actualizado: 10/12/2013 21:49 horas
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La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Seguridad Privada que amplía las competencias de las empresas del sector permitiendo la vigilancia de los exteriores de las cárceles, una función que tradicionalmente han cumplido los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, su participación en catástrofes, como hasta ahora hacía Protección Civil, y la detención de personas en la vía pública para su entrega a Policía o Guardia Civil.

La ley ha salido adelante con el respaldo de PP, CiU y PNV y el voto en contra de PSOE, Izquierda Plural y UPyD. Durante su tramitación, a falta de los cambios que pueda sufrir en el Senado, se han aceptado 109 de las 286 enmiendas presentadas. Los socialistas, muy críticos con el proyecto, arguyen que “rompe con la concepción de la seguridad ciudadana como servicio público que ampara la Constitución”. Las funciones de Policía y Guardia Civil, explicó el portavoz del PSOE Antonio Trevín, “podrán ser ejercidas indistintamente por ellos o por la seguridad privada” y el criterio será que resulte o no más “barato”. En calles y espacios públicos los vigilantes privados podrán sustituir paulatinamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, aseguró este diputado.

La ley faculta al personal de empresas privadas para “detener y poner inmediatamente a disposición” de la Policía y la Guardia Civil a los delincuentes. También contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, “llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión”.

Izquierda Plural rechazó que se otorgue más “autoridad” a los vigilantes privados y defendió que la intención del Gobierno es “privatizar” la seguridad pública. UPyD sostuvo que en este asunto el Estado “se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria”.

Compatibilidad con las competencias autonómicas

Sin embargo, el proyecto sólo ha recibido alabanzas por parte de los grupos nacionalistas de PNV y CiU. No sólo porque no entra en colisión con las competencias autonómicas sino también porque consideran que moderniza el sector.

El PP defendió que se trata de una norma también con un marcado carácter económico por la cantidad de personas que emplea y apuntó que no se trata de privatizar sino de “establecer un marco de colaboración, bajo el monopolio del Estado, de lo público, de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” .

En España, explicó el portavoz del PP Francisco Márquez, hay 528 policías de cualquier tipo y condición por cada 100.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea hay 385 y en el ámbito de la seguridad privada estos números se reducen a 195 agentes de seguridad privada por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de los países de de la Unión Europea se eleva a 271.

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Detenidos falsos vigilantes de seguridad por la Policia Autonomica de la Generalitat de Catalunya se les imputa los delitos de intrusismo profesional y falsificación documental. Entre los imputados se encuentra la persona que presuntamente se encargaba de gestionar la documentación manipulada para hacer los contratos de trabajo a nombre de una empresa que constaba en el registro mercantil, pero que había cerrado hacía meses, según ha informado hoy la policía catalana.

A los falsos vigilantes de seguridad se les imputa los delitos de intrusismo profesional y falsificación documental.

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“Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.

La seguridad privada cuesta el doble que la pública, según un informe de la UFP
13/12/2013> en Confidencial

•El estudio afirma que, en centros penitenciarios, el margen para el empresario fue superior a los 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del sueldo del guardia jurado.
•“Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.
•Como explicamos este jueves, la violencia que preocupa al español no es la gran violencia terrorista sino la violencia cotidiana y la ofensa gratuita.
•Y dejar la seguridad privada en manos del empresario es muy peligroso.

La seguridad privada no supone ahorros para el contribuyente. Al contrario, cuesta el doble que la seguridad pública. Es la principal conclusión del informe presentado en la mañana de este viernes por la Unión Federal de Policia (UFP). “Si nos fijamos en el proyecto piloto de la contratación de la seguridad perimetral de 21 centros penitenciarios, vemos como el coste de cada trabajador se eleva a 3.233 euros/mes frente a los 1.600 de un policía nacional”, denuncia el secretario general de la UFP, Javier Arrillaga.

El proyecto piloto de la seguridad en los perímetros de los centros penitenciarios durante nueve meses se licitó por 7.391.547 euros, es decir, 821.283 euros mensuales. El proyecto incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12. Es decir, 254 trabajadores si se respetan las 40 horas de trabajo semanales. Aun así, el coste duplica el de la seguridad pública. Como obviamente esos sueldos no los recibirán los trabajadores, hablamos de un margen para el empresario de más de 2.000 euros por trabajador y mes, el doble del sueldo del guardia jurado. “Da la sensación de que la nueva Ley de Seguridad Privada es un regalo de Reyes del gobierno a las empresas de seguridad privada”, sentencia Arrillaga, quien también apunta a la posibilidad de que “el gobierno esté buscando una salida para los escoltas”.

Los beneficiarios del proyecto piloto de la seguridad perimetral de las cárceles son Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Seguritas, Sabeco, Vinsa y Alentis. “Si la Ley de seguridad privada ve la luz como ha salido del Congreso, estaremos ante un cambio encubierto del modelo policial en el que los perjudicados serían los ciudadanos y los beneficiados los intereses empresariales de las compañías de seguridad”, denuncia Arrillaga. “Se trata de una privatización de la seguridad pública mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas”, apunta el secretario general de la UFP, quien añade su reivindicación de un estatuto propio que reconozca la singularidad del trabajo policial. “Igual que el que han conseguido los inspectores de Hacienda”.

Como explicamos este jueves, la violencia que preocupa al español no es la gran violencia terrorista sino la violencia cotidiana y la ofensa gratuita: la mala educación, la falta de respeto a la mujer, al niño, al anciano, al débil, etc. Por no hablar de los atracos callejeros, en el propio hogar… Ahí es donde hay que poner disciplina, en la medida de los posible, con la nueva Ley de Seguridad Privada.

También denunciamos el hecho de que los agentes de seguridad privados se conviertan en agentes de la autoridad porque es peligroso. Como agentes de la autoridad sólo deben ejercer jueces y policías. No hay que privatizarlo todo ni la seguridad, como dice el sindicato policial UFP, puede dejarse en manos de empresarios.

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